El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado viernes, a punto de finalizar el plazo, impugnó las oposiciones docentes en Andalucía, en base a «un «conflicto positivo de competencias» según marca la propia Constitución Española en su artículo 161 punto 2.
Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, «si la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) no se produjera dentro de los cinco meses desde la iniciación del conflicto, este Tribunal debe,al menos y en este plazo, resolver por auto motivado el mantenimiento o levantamiento de la la suspensión de este proceso selectivo.»
En el momento que se produzca esta sentencia o este auto, entendiendo el sindicato que en ningún caso lo podrá ser en contra a la realización de las oposiciones, la Consejería de Educación puede convocar las oposiciones, «algo que desde CC.OO. vamos a exigir sin dilaciones». En opinión de CC.OO., «la resolución del TC no puede estar en la línea de declarar las oposiciones ilegales, sino en el peor de los casos, lo que podrá es modificar su número».
CC.OO. argumenta que el número de plazas convocado respeta la tasa de reposición de empleados públicos docentes, ya que en estas se incluyen las que corresponden a consolidación de empleo y a la tasa de reposición según a los presupuestos de 2011, vigente en el momento de la aprobación de la oferta y previo a la aprobación del Real Decreto Ley. «No obstante, señala Blanco, si el Tribunal Constitucional no hiciese esta lectura, podrían perderse hasta un máximo de 310 plazas de las 2.389 plazas convocadas, según la tasa aprobaba en el RDL 20/2011. Sobre el resto de plazas no existe ningún tipo de dudas».
Es por todo ello que CC.OO. «exige que las oposiciones se realicen en cuanto sea posible y que se mantengan todas las plazas actuales. Si por sentencia se perdiesen algunas de ellas, el sindicato pedirá que esta reducción no suponga la pérdida de ninguna de las especialidades convocadas a fin de perjudicar lo mínimo al profesorado opositor que ha estado estudiando meses, incluso años».
Blanco pone de manifiesto la «mala intencionalidad del Gobierno de España» con este recurso dado que ha optado por la modalidad más «engorrosa», la del Tribunal Constitucional y no un Contencioso Administrativo que ofrecería un solución al conflicto mucho más rápida». No obstante, continúa informando Blanco, «si el Gobierno de la Nación tiene algún interés por el sistema público de enseñanza, por los opositores y por los andaluces, está aún a tiempo de sentarse con el Gobierno de Andalucía, acordar una oferta de empleo docente y retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.»
CC.OO. ha exigido igualmente a la Consejería de Educación la convocatoria de una Mesa Sectorial de Educación andaluza a la mayor uregencia donde el sindicato trasladará todas estas propuestas, demanda que trasladará igualmente al propio Ministerio de Deportes, Cultura y Educación a través de la Mesa Sectorial de Educación Estatal.
Contra los recortes a los servicios públicos que está llevando a cabo el Gobierno central, CC.OO. anima a toda la comunidad educativa y la ciudadanía en general a participar en las movilizaciones convocadas para el próximo día 29 que tendrán lugar en todas las capitales andaluzas. «Esta impuganción a las oposiciones es una medida más del Gobierno de España contra el sistema educativo público, en este caso el andaluz, algo que no podemos ni debemos permitir.»