La Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación, no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre nuevas universidades privadas. Y, sin embargo, los Gobiernos autonómicos, atraídos por el dinero y el empleo, no dudan en aprobar su implantación en sus Parlamentos. “El ministerio emite un informe que es preceptivo, pero no vinculante y son las comunidades autónomas las que dan el último visto bueno a que se ponga en marcha esa universidad. La ANECA (la agencia de evaluación) solo puede aprobar el plan de estudios o desestimarlo”, explican fuentes de esta cartera.

Más información (El País)