En 2017 la Junta de Andalucía publica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que viene a ampliar la normativa estatal. En su artículo 28, referente al empleo público, se indica que se debe proceder, en las convocatorias de empleo público, a la reserva de un cupo “no inferior al 10 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%; siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas”.

En su redacción, esta normativa no parece que se hiciera pensando en la casuística de las plazas de profesorado de las Universidades, ya que, aunque se puedan convocar más de 100 plazas en una determinada convocatoria, la mayor parte de las mismas corresponden a una o dos plazas en un determinado Área de Conocimiento, por lo que si se reserva dicha plaza para turno de discapacidad se recorta el derecho del resto de los concursantes a poder optar a la misma. A pesar de esto, las Universidades, evidentemente, están obligadas a cumplirla.

En CC.OO., desde 2017, abrimos un debate interno para hacer una propuesta de reglamento de aplicación de la normativa que resultara útil en la defensa de los derechos de todos los candidatos a entrar en la carrera docente tanto si tienen discapacidad como si no la tienen, al tiempo que respeta la voluntad del legislador de promover la igualdad implementando normas de acción positiva. En marzo de 2018 hicimos pública nuestra propuesta, y recibimos el apoyo para su implementación por parte del resto de organizaciones sindicales, y del propio equipo de gobierno de la UMA. También la presentamos en el resto de Universidades Andaluzas, con una aceptación muy similar en todas ellas. El único problema para su puesta en marcha es que requería la aceptación, también, de la Junta de Andalucía. Desgraciadamente, poco después de que pudiéramos presentársela al anterior Secretario General de Universidades, Manuel Torralbo, se produjo la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, lo que vino a paralizar el estudio de nuestra propuesta. Aún no se la hemos podido presentar al “nuevo” gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de nuestra insistencia para abordar esta cuestión. Recientemente hemos renovado nuestra solicitud de negociar este asunto.

Mientras tanto, la UMA, ante la imposibilidad de aplicar la propuesta de consenso señalada anteriormente, sacó su propio reglamento que, desde CC.OO., hemos reconocido como un esfuerzo importante por cumplir la normativa, aunque diste mucho de nuestra propuesta. Por ello, ese reglamento también recibió nuestro apoyo y el de las restantes organizaciones sindicales, en tanto se podía conseguir un reglamento mucho más parecido a nuestra propuesta. También por ello, desde CC.OO., siempre hemos declarado que no compartíamos la resolución judicial que paralizaba la convocatoria de 2017. Sin embargo, la paralización de la convocatoria fue un hecho. Los tiempos judiciales hacían previsible que el colapso durara mucho más de lo deseable, y hemos visto como las convocatorias de las plazas de 2018 y 2019 también se encuentran paralizadas, en tanto se resolvía el problema. De esta forma, entre las tres convocatorias, hay más de 350 plazas de profesorado Ayudante Doctor paralizadas. Estas plazas se convocan en su práctica totalidad por necesidades docentes, por lo que son necesarias para el correcto funcionamiento de la UMA. La paralización siembra de incertidumbres el futuro de más de un millar de candidatos.

Evidentemente, los primeros afectados por esta situación de colapso, además de los candidatos, hubieran sido los alumnos, si no se hubieran adoptado las medidas oportunas para la contratación de Profesorado Sustituto Interino, que se hiciera cargo de la docencia. En este sentido, desde CC.OO. también hacemos una valoración positiva de la gestión del equipo de gobierno. Desde que se inició el mandato del actual equipo de Gobierno, a petición de las organizaciones sindicales, con claro liderazgo de CC.OO., se viene produciendo la contratación de los Sustitutos Interinos a tiempo completo, en claro contraste con lo que ocurría con anterioridad. Si se consultan las tablas salariales del profesorado laboral en Universidades Públicas de Andalucía, puede verse que los sueldos anuales de los Sustitutos Interinos cuando tienen una dedicación docente completa, de 8 h/semana, es de 20.566 €, mientras que la dedicación de 6 h está retribuida con 10.283 €: Los Sustitutos Interinos son profesorado muy precario por la propia naturaleza de su contrato, pero además, los que son contratados a tiempo parcial reciben un sueldo indigno. De ahí nuestra vigilancia para que no se produzcan contrataciones a tiempo parcial.

Además, anteriormente, los baremos que se utilizaban para la contratación de los Sustitutos Interinos se asemejaban a los de los Profesores Asociados, mientras que en la actualidad, a propuesta de CC.OO., son muy similares a los de los Ayudantes Doctores. Independientemente de que se puedan criticar los baremos, es evidente que evaluar las plazas de Sustituto Interino y las de Ayudante Doctor con los mismos criterios de calidad, incrementa al máximo las probabilidades de que los que finalmente obtengan la plaza sean las mismas personas que cubren la docencia interinamente, con las evidentes ventajas para estudiantes, el propio profesorado, y la organización de los Departamentos.