1- La Resolución de 10 de septiembre de 2018 de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesores Ayudantes Doctores es pionera en Andalucía en lo que toca a la reserva de plazas para personas con diversidad funcional. Sin embargo, ha sido recurrida; la demanda presentada ante los tribunales ha sido admitida a trámite.
2- Aunque el asunto se encuentre sub iudice en estos momentos, nos parece lícito destacar que la aplicación de la normativa sobre acceso a puestos de trabajo en las Administraciones públicas y discapacidad en el ámbito del Personal Docente e Investigador de las universidades, a diferencia de su aplicación en otros ámbitos, no es clara, indubitada y unívoca: las plazas de Personal Docente e Investigador no salen a concurso como un conjunto indistinto de plazas de tal o cual categoría, sino que se convocan en áreas determinadas y cuando existen necesidades docentes. Esto conlleva que no exista una única e indubitada manera de ejecutar el mandato del artículo 28 de la Ley andaluza 4/2017, de 25 de septiembre. El Rectorado de la UMA escogió una de las vías posibles, que no es la que CCOO considera ideal, pero que entendemos legítima, y apoyamos en su momento.
3- No está de más recordar que CCOO tiene su propia propuesta sobre el tema, expuesta y defendida en la Comisión oportuna, así como ante el anterior Gobierno andaluz, ya que es una propuesta aplicable solo si se adopta conjuntamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma, por requerir modificaciones a la hora de la dotación de las plazas que hacen que su aplicabilidad exceda del ámbito de una Universidad. Por ello no fue la escogida por el Rectorado de la UMA. Con todo, a la vista de su buena disposición para abordar la plena aplicación de la Ley 4/2017 para las plazas de Ayudante Doctor en el Sistema Universitario Andaluz, y la participación que se facilitó en este debate a los representantes de los trabajadores, CCOO, junto con otras organizaciones sindicales, apoyamos la convocatoria en su actual redacción.
En definitiva, pedimos al actual Gobierno andaluz que, a la mayor brevedad, atienda nuestras propuestas y facilite los instrumentos para aplicar la Ley sin provocar graves distorsiones en las universidades públicas. Mientras tanto, valoramos muy positivamente la disposición del Rectorado de la UMA para afrontar la cuestión; saludamos la Resolución de 10 de septiembre de 2018 de la Universidad de Málaga como un paso adelante muy positivo y no compartimos que sea recurrida ante los tribunales.
