Aquí os dejamos un pequeño recopilatorio de las cuestiones que afectan salarialmente a la plantilla de PDI de las Universidades Andaluzas, y las actuaciones de CCOO:
- Hemos logrado una resolución judicial del TSJA, a favor de los PDI laborales no permanentes, reconociendo el derecho a quinquenios y sexenios. Lamentablemente, la Junta de Andalucía y las Universidades lo han recurrido paralizando el logro, provisionalmente.
- También tenemos una sentencia favorable para que los contratados pre- y post-doc tengan derecho al cobro de trienios, lo que ha sido recurrido, esta vez únicamente por la Junta de Andalucía, por lo que aún confiamos en que el derecho pueda hacerse efectivo por sin mayores retrasos.
- Las Universidades han eliminado unilateralmente el premio de funcionarización. CCOO está siguiendo los pasos necesarios para poder restablecerlos o exigir su restablecimiento judicialmente.
- La Junta de Andalucía ha paralizado las convocatorias de los complementos autonómicos, acordadas en la última sesión de la mesa de negociación andaluza, que se celebró cuando aún gobernaba la Junta el PSOE. No hemos conseguido que se siente desde entonces. Ni una sola vez en más de tres años.
- La Junta de Andalucía ha modificado el sistema de financiación de las Universidades Públicas, introduciendo recortes severos que explican todo lo anterior, e incorporando sistemas de reparto que promueven la insolidaridad entre universidades, que conducirá a corto plazo al cierre de titulaciones y a medio plazo puede conducir al cierre de algunos campus.
Todo ello mientras se promueven las Universidades privadas, con las que algún consejero de la Junta ha tenido claros intereses económicos.
En la pasada Semana Santa se difundió la noticia de que las Universidades Públicas recibirían financiación adicional, pero esta financiación, al disolverse el parlamento, no ha llegado a consolidarse. Una promesa vacía, muy oportuna desde el punto de vista electoral. Desde CCOO queremos seguir defendiendo una Universidad Pública de calidad, con sueldos dignos para su profesorado, y que permita que todos los ciudadanos puedan acceder al derecho a la educación superior, y que esta no quede reservada para las élites económicas.
