La Formación Profesional tiene hoy dos alcances muy precisos. Por un lado, es el medio más eficaz para luchar contra el abandono escolar prematuro y formar a los jóvenes en una profesión. Nuestro país no puede permitirse la pérdida de la riqueza que supone el alto porcentaje de jóvenes que se ha venido incorporando al mundo del trabajo sin una formación profesional previa.
Por otro lado, la Formación Profesional Superior se ha convertido en una enseñanza superior con todas las consecuencias, ha alcanzado un nivel y un prestigio considerable y, en algunos casos, es el referente principal de la formación para las empresas que apuestan por las nuevas tecnologías. Por eso no debe de extrañar que se plantee la «colaboración» de la FP de grado superior con otras enseñanzas superiores como son las universitarias.
Ahora bien, de ahí a atemorizar con que los Ciclos Formativos van a pasar a la Universidad hay un trecho que desde la FECCOO no vemos en ninguna parte del proyecto de Ley de Economía Sostenible. Esta ley tiene bastantes aspectos rechazables, y así lo hemos manifestado, pero no modifica el actual reparto de enseñanzas: la universitarias para los cuerpos docentes universitarios, y las de Formación Profesional para los cuerpos docentes regulados en la LOE. Literalmente dice «Las ofertas de cada tipo de enseñanza, integradas en estos entornos, tendrán la dependencia orgánica y funcional establecida en la normativa correspondiente». Por lo tanto parece más bien que lo único real que hay es un interés por llamar la atención justo antes de las elecciones sindicales y desviar la atención de los verdaderos problemas de estas enseñanzas.
Y aún resulta menos creíble en una época de grave crisis económica en la que lo fundamental es la reducción de costes. El paso de estos estudios a la Universidad supondría un encarecimiento notable de los mismos que no parece que pueda ser abordado en muchos años.
Desde CC.OO. entendemos que debemos exigir al Gobierno el desarrollo de las leyes ya vigentes antes de meterse en otras. Ya está bien de políticas de imagen y sin contenidos. Es necesario que realmente se creen más centros integrados de FP y se pongan en marcha los Centros de Referencia Nacional que son donde la Ley de las Cualificaciones (artículo 11.7) establece que han desarrollarse «la innovación y experimentación en materia de formación profesional».
El problema que empieza a ser muy preocupante es otro. Algunas de nuestras Administraciones, al mismo tiempo que dicen cínicamente que hay que invertir más en FP; han recortado y muy fuertemente la oferta de ciclos formativos, lo que está suponiendo que un número creciente de jóvenes y no tan jóvenes se han visto obligados a irse a la oferta privada. Como difícilmente se puede luchar contra la libertad de creación de empresas de enseñanza, tenemos que exigir con todas nuestra fuerzas que nuestras administraciones amplíen la oferta de ciclos formativos para atender toda la demanda existente.
