El pasado 9 de mayo se ha difundido una nueva versión de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Este es el primer texto publicado al respecto desde la toma de posesión del ministro Subirats en diciembre de 2021. En el documento, continuista respecto a las versiones anteriores, se recogen algunas propuestas de CCOO, aunque se mantienen algunos puntos en conflicto.
Lo primero que cabe preguntarse es qué pretende resolver la LOSU. En una primera lectura, vemos que siguen sin solucionarse los grandes problemas de la universidad española:
- Falta de financiación (aunque se recoge que se destinará como mínimo el 1% PIB a la educación universitaria pública, en el conjunto del Estado).
- Ausencia de carrera académica clara y definida.
- Falta de políticas activas de eliminación de la precariedad y la temporalidad (si bien es cierto que se limita la temporalidad en las universidades públicas con una nueva formulación).
- Actualización previa negociación de los decretos de retribuciones y de dedicación del profesorado universitario. Ambos decretos, de los años 80, están claramente desactualizados y necesitan urgentemente una revisión, que se podría encuadrar en el Estatuto del PDI (el cual se vuelve a posponer un año más).
Entre las novedades de este documento, destacamos:
- Es una ley muy prolija en algunos aspectos y demasiado generalista en otros.
- Se enfatiza el papel de la universidad como servicio público, cuestión demandada por CCOO en la etapa del anterior ministro.
- Nos parece acertado el compromiso de agilizar las convalidaciones de títulos y los procedimientos migratorios.
- Celebramos la concepción de las becas como derecho subjetivo ligado a la situación socioeconómica, demanda reiterada por CCOO, aunque no desaparezca la mención a criterios académicos.
- Se incorpora un representante sindical en el Consejo de Universidades (propuesta de CCOO).
- Se sigue sin contemplar la Mesa Sectorial de Universidades.
- Se mantiene la anomalía en los cargos electos de mandatos únicos de 6 años. Para CCOO es importante que se mantengan los dos mandatos de 4 años, de acuerdo con las normas establecidas en diversas estructuras del estado.
- Se desvincula el Consejo Social de la comunidad universitaria, excluyendo a los miembros del ámbito universitario, lo que sin duda afectará su funcionamiento y alejará sus decisiones del ámbito académico.
- Se establece el sufragio universal para Rectores y Rectoras, y para Decanos y Decanas, lo que consideramos un avance positivo.
- Se establece la posibilidad de acreditación del profesorado de los cuerpos docentes universitarios por parte de las agencias de evaluación autonómicas, con el consiguiente riesgo de ruptura de homogeneidad en los procesos de acreditación, lo que puede afectar a la movilidad.
- Se echan de menos referencias a la negociación colectiva para determinar las condiciones de trabajo del profesorado: salarios, dedicación,…
- Desaparece la figura de profesor ayudante, lo que pone en duda el acceso al sistema universitario en el periodo predoctoral.
- Se mantiene la doble vía laboral/funcionarial, aunque se establece una mayoría de profesorado universitario funcionario.
- Se desregula casi completamente la composición de los órganos colegiados, y además las funciones de centros (facultades y escuelas) y departamentos.
- Se deriva al desarrollo de posteriores Decretos lo relacionado con la creación de universidades privadas y criterios de calidad de estas.
A falta de una valoración más detallada, esperamos que desde el Ministerio de Universidades se establezca un proceso de diálogo y negociación que permita discutir los problemas de la Universidad española y mejorar las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias. Son muchos los problemas acuciantes que resolver y, en algunos casos, no parece que una ley orgánica sea el mejor mecanismo para solucionarlos. Desde CCOO estamos dispuestos a realizar propuestas y a trabajar por una universidad pública de calidad para todos y todas. Para desarrollar una Ley que realmente mejore las condiciones de la universidad española, el ministro debe contar con CCOO.