Desde CC.OO. aplaudimos y apoyamos la normativa orientada a facilitar la integración laboral de las personas con diversidad funcional. En concreto, la norma estatal (que exige una reserva, para personas con discapacidad reconocida superior al 33 %, del 7 % de las plazas que se convoquen) y la norma andaluza (que amplía esa reserva hasta el 10 %) nos parecen instrumentos imprescindibles, que deben ser atendidos por las instituciones públicas sin excusas.
Al mismo tiempo, somos conscientes de que la aplicación de estas normas no resulta sencilla en determinadas circunstancias, como es el caso de las convocatorias de Profesores de Universidad. Así, una convocatoria de, por ejemplo, 100 plazas de Profesor Ayudante Doctor (AyD) por parte de una Universidad, en principio, debería dar lugar a la reserva de 10 plazas en el turno de atención a la diversidad funcional. Sin embargo, los que conocemos la realidad de la Universidad, sabemos que este tipo de convocatorias, son, en su mayoría, la suma de convocatorias de una única plaza en una determinada área de conocimiento. Si una de estas plazas únicas se reserva para atender la diversidad funcional es evidente que se está cercenando el derecho de la gente que no cumple el requisito a poder concursar a dicha plaza. Por ello, el cumplimiento de la norma, en estas situaciones, es una cuestión compleja. A ello se suma la realidad de que las plazas de Ayudante Doctor son la puerta de entrada (casi única) a la carrera docente universitaria, por lo que debería evitarse el convocar plazas con la presunción de que las va a obtener alguien en concreto, con o sin diversidad funcional. El principio de igualdad en el acceso a la función pública también debe preservarse.
La Universidad de Málaga, con la aceptación por parte de las fuerzas sindicales, hizo una convocatoria de plazas de AyD en la que se dispuso un procedimiento con vocación de cumplir la norma, sin olvidar la complejidad mencionada. Desde CC.OO. hicimos nuestra propia propuesta, conscientes de que la misma requería un consenso de todo el sistema Universitario Andaluz. La misma se trasladó al anterior Secretario General de Universidades, y ahora haremos lo posible por trasladarla al nuevo Gobierno Andaluz. Mientras tanto, soluciones como las propuestas por la UMA nos parecen aceptables y convenientes.
Por ello, no deja de resultar sorprendente que se haya interpuesto un recurso señalando la falta de cumplimiento. Ello nos ha llevado a manifestarnos al respecto, que podéis leer en el siguiente artículo.